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Nos comimos toda la carne y sólo nos quedan los huesos

Fecha publicación: 11/06/2013

Stef Smits reflexione sobre los resultados del análisis del costo del ciclo de vida en Honduras.

“Nos comimos toda la carne y sólo nos quedan los huesos” dijo Luis Romero del Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA) en Honduras, al presentarle el gráfico a continuación, como parte de los resultados del análisis del costo del ciclo de vida en Honduras.

El gráfico 1 muestra el promedio de costos de inversión per cápita (basado en un análisis de 114 proyectos de abastecimiento de agua), en relación al tamaño de la población. Como se puede ver, estos costos per cápita son mucho más elevados en un entorno rural disperso (entre 0 y 200 habitantes) que en una población más concentrada (más de 200 habitantes).

Estas cifras no nos sorprenden. Los costos de desarrollo de la infraestructura de agua no son lineales con el tamaño de población o la dotación del sistema de agua. Hay muchos costos fijos que son relativamente más altos en los sistemas pequeños que en los grandes. Las economías de escala, por ejemplo en la adquisición y el transporte de materiales, se pueden lograr más fácilmente para sistemas grandes que para sistemas dispersos, situados frecuentemente en sitios de difícil acceso. Una relación similar fue encontrada para proyectos de letrinas: el promedio de gasto per cápita fue 133 US$/p en asentamientos rurales dispersos y 85 US$/p en grandes asentamientos concentrados (todos siendo letrinas de cierre hidráulico).

Gráfico 1: Promedio de los costos de inversión per cápita en relación con el tamaño de la población.

El comentario de Luis Romero se refirió al hecho de que el país ha disfrutado de la parte relativamente fácil, cubriendo los asentamientos concentrados que son más económicos de alcanzar. Ahora habrá un hueso duro de roer: cubriendo las aproximadamente 10 000 pequeñas aldeas con costos de inversión relativamente altos.

Las estadísticas de cobertura formales no diferencian el grado de cobertura entre los asentamientos rurales dispersos y concentrados. Sin embargo, los expertos del sector coinciden en que los asentamientos concentrados están cubiertos en gran parte; sólo puede haber necesidad de ampliar los sistemas en la medida que las comunidades crecen. Pero donde la cobertura es más baja es en las zonas rurales dispersas.

El gráfico 2 muestra un hueso aún más duro de roer. Proporciona un histograma de los costos de inversión per cápita de 40 proyectos de mantenimiento de capital. Estos son proyectos que consisten en la reposición parcial o total de los activos. Estos pueden variar desde la sustitución de una línea principal a la sustitución completa de la red de distribución, o incluso la construcción de un nuevo sistema de agua en comunidades donde un sistema previo ha llegado al final de su vida útil.

Gráfico 2: Histograma de costos de inversión per cápita de proyectos de reemplazo de capital

El gráfico muestra que casi la mitad de estos eran proyectos relativamente pequeños en términos de volumen de inversión y/o en bajos costos per cápita de hasta 50 US$/persona. Se trata de proyectos que por lo general consistían en el reemplazo de un componente crítico, como es el caso de una línea principal, una bocatoma o un tanque de almacenamiento. Las comunidades cubrieron en promedio el 12% de los costos de estas obras, el resto fue cubierto con fondos externos, principalmente donaciones y préstamos de los donantes bilaterales o bancos de desarrollo.

Supuestamente las comunidades son responsables de cubrir este tipo de obras con los fondos generados a través de tarifa, sin embargo el gráfico vuelve a proporcionar la evidencia de que esto no sucede claramente. Una típica tarifa de agua rural es de aproximadamente 2 US$/familia al mes. Si asumimos que la mitad de esta cantidad se destina al ahorro y la otra parte para cubrir los gastos corrientes de funcionamiento (por ejemplo para la cloración y el pago de una remuneración al fontanero), entonces, en promedio 12 US$/familia, o 3 US$/persona pueden ser ahorrados anualmente. Un reemplazo que cuesta 50US$/cápita sólo puede ser cubierto cada 16 años.

En realidad, muchos componentes tienen vidas útiles mucho más cortas. Sólo en los escenarios más optimistas, los ahorros de las comunidades pueden cubrir estos gastos. Y el gráfico muestra que, de hecho, el gobierno a través de los fondos de los donantes, interviene para pagar la cuenta.

El gráfico también nos muestra cómo puede llegar a ser el futuro de las inversiones en el sector hondureño. Como la mayoría de los asentamientos nucleados ya están cubiertos, muchos necesitan reemplazo periódico de los activos críticos. Eduardo Sánchez, gerente en un programa de abastecimiento de agua en zonas rurales, ilustra esto. Una reciente convocatoria de propuestas del programa para proyectos de inversión, cedió 32 propuestas de los municipios cubiertos por el programa, muchos de los cuales fueron para proyectos de remplazo de activos. Hay sólo unos pocos asentamientos nucleados que aún deben ser cubiertos por sistemas nuevos, la mayoría necesitan obras de sustitución, grandes o pequeñas.

Esta situación plantea una pregunta muy importante para el sector rural de WASH, sobre dónde invertir: en la ampliación de la cobertura a todos los pequeños asentamientos dispersos, a los altos costos per cápita; o en la financiación del reemplazo de obras de infraestructura en las aldeas ya cubiertas, que simplemente no han sido capaces de recaudar fondos suficientes para llevar a cabo esas obras por sí mismos.

Esto llevó a Luis Romero a hacer otro comentario importante: « Tenemos que desarrollar una política muy clara sobre este tipo de proyectos de remplazo de activos ». Explicó que por debajo de un cierto costo total y per cápita, este tipo de proyectos no deben ser realizados por el sector público; o como mucho sólo a través de una combinación de contribuciones comunitarias o municipales.

Solo de esta manera el gobierno sería capaz de ampliar los servicios en los lugares dispersos aún no cubiertos, y al mismo tiempo dar la señal a las comunidades que tienen que ahorrar para los reemplazos y no depender del gobierno para intervenir, sobre todo si las reparaciones están dentro de su capacidad de pago. Ante todo, esto requerirá el desarrollo de una definición mucho más clara de lo que son reemplazos menores, que pueden ser pagados por la comunidad, y cuáles son los reemplazos mayores, para lo cual se justifica contar con la contribución del gobierno. Esto debería ser aplicado de forma consistente.

La política puede ser desarrollada sobre la base de los tipos de rangos de costos unitarios que estamos identificando. El cumplimiento será más complejo, ya que requiere de una aplicación coherente por parte de todos los actores, tanto el gobierno como las organizaciones no gubernamentales. Y aun así, puede haber todo tipo de razones políticas para que el gobierno tenga que intervenir la próxima vez que una línea de conducción se rompa, o un tanque necesite ser reemplazado. En los años venideros significa masticar tanto el hueso duro de llegar a la cobertura universal, como invertir en mecanismos que garanticen que quienes ya tienen acceso, dispongan de servicios duraderos en el tiempo.

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